Fotografía Original: Excélsior |
El fin de semana del 18 y 19 de enero, varios comercios fueron atacados en el estado de Hidalgo, en lo que la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad consideró parte del “efecto cucaracha” por los sucesos que se han dado lugar en Michoacán. Con esto se refiere a que la delincuencia está huyendo de dicha entidad debido a la respuesta del gobierno federal. La consecuencia es que los criminales continúan sus actividades en otros estados, los cuales verán un aumento en la ola de violencia.
Morelos ha vivido un incremento en la violencia en los últimos meses. Hace dos años, aproximadamente, se le atribuía a que, tras el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, sus lugartenientes disputaban, entre ellos y contra otras agrupaciones delictivas, el territorio morelense para el transporte de la droga. Una vez desarticulados los grupos más violentos, la violencia disminuyó.
La polarización de la sociedad, la distancia creciente entre los sectores de mayores y menores ingresos y oportunidades, así como el encarecimiento de alimentos y servicios, son factores que contribuyen al incremento en los índices delictivos. Otros factores están sin duda relacionados con la percibida falta de efectividad en la estrategia de seguridad pública del gobierno estatal.
En este sentido, los estudiosos de la ciencia política y la seguridad nacional consideran que cuando un gobierno no tiene poder, ya sea como resultado de la violencia o porque no está interesado, al menos en apariencia, en establecer y fortalecer sus instituciones, grupos delictivos llenarán el vacío. Éste parece ser el caso de Michoacán, hasta cierto punto, y es por esto que existe el riesgo de desbordamiento de la situación que asola a la entidad, ya que estos grupos utilizan propaganda y violencia como métodos para modificar las conductas sociales y gubernamentales.
Es en este sentido que podemos analizar a los grupos de autodefensa y policías comunitarias que han surgido en diversas entidades, con el fin declarado, en algunos casos, de proteger a sus comunidades de los policías y autoridades corruptos, y en otros, de los cárteles de la droga.
Cabe destacar que, si bien los medios de comunicación y algunos políticos utilizan los términos como sinónimos, las autodefensas son diferentes de las policías comunitarias. Los primeros son grupos irregulares, es decir, no registrados, fuertemente armados, sin entrenamiento, que generalmente van con los rostros cubiertos. Las policías comunitarias no van armadas o tienen armas de bajo calibre registradas ante la SEDENA, están uniformados y han recibido entrenamiento básico. Suelen estar conformadas por voluntarios o por personal que recibe sueldos simbólicos, y en general se rigen por los usos y costumbres de su lugar de origen. Es cierto que la línea es muy delgada, especialmente en el caso de Michoacán, donde las autodefensas están uniformadas y no aparecen en las fotografías con los rostros cubiertos.
Los grupos de autodefensa que han surgido recientemente, tanto en dicha entidad como en varias otras, son tan diversos como las comunidades que defienden. Si bien en algunas comunidades de Michoacán se han detenido a los miembros de estos grupos por presunta colaboración con delincuentes organizados, en la mayoría de los casos se trata de ciudadanos víctimas recurrentes de delitos de alto impacto. Pero son grupos espontáneos que no forman parte de un sistema de seguridad y justicia que tienen otra tradición y legitimidad.
Éste sería el caso de algunas policías comunitarias en Guerrero, que se rigen por estructuras e ideologías tradicionales, y que son legítimas ante los ojos de la población y las autoridades (aunque legítimo no siempre significa legal).
En el caso del estado de Morelos, las “rondas” que existen en la región oriente son más parecidas al bosquejo que hemos hecho de las policías comunitarias. Son grupos muy localizados, no expandidos, e incluso desarmados. Se ubican en el poblado de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla; en el poblado de Huazulco, municipio de Temoac; en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla; en el poblado de Tenextepango, municipio de Ayala; en el poblado de Ocoxaltepec, municipio de Ocuituco; en los poblados de Ocotepec y Ahuatepec, municipio de Cuernavaca; y en el municipo de Tetela del Volcán.
Se presume que desde que están activos, los índices delictivos en sus comunidades han disminuido. Esto se debe en parte a la vigilancia constante que mantienen los grupos, y en parte a la colaboración desarrollada con las autoridades estatales.
En días recientes y en vista de los acontecimientos en Michoacán, sus líderes han declarado que no tomarán medidas extremas, una declaración bienvenida ante el temor de que la violencia michoacana se replique en el estado de Morelos. Por parte de las policías comunitarias, entonces, no se ve un riesgo inminente de enfrentamientos violentos entre grupos armados de diversas índoles.
El riego principal, entonces, es el mencionado “efecto cucaracha”. El estado de Morelos es territorio de tránsito para el tráfico de drogas, y presumiblemente, de armas y personas, en disputa por diversos grupos. Los principales grupos sicarios de los cárteles de la droga fueron ya desarticulados, pero aún permanecen grupos menores dedicados a diversos delitos. Estos grupos son los llamados “Los Rojos” y los “Guerreros Unidos”.
En este sentido, y dado el incremento en la violencia que se registra también en el estado de México y en Guerrero, sí existe un riesgo de desbordamiento de Michoacán hacia la región centro del país, y con ello, hacia Morelos. Las medidas que se han estado tomando en coordinación con los estados que conforman el Escudo Centro y que incluyen el aseguramiento de las fronteras estatales son de vital importancia para prevenir y limitar el impacto que pueda tener la llegada de sicarios y traficantes michoacanos.
Yalí Noriega
Twitter: @Xalaila
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