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| Fotografía: RADIOFORMULA |
Delicado momento en temas de seguridad el que se vive en estos últimos días en el estado de Guerrero, sin duda sintomático de una temporada crítica que se extiende a la administración federal anterior, con la diferencia de que justo cuando parece bajar la intensidad en un estado, es cuando se recrudece en otro lugar.
La difícil situación que se vive en Guerrero no comenzó hace una semana, ni siquiera este año, de hecho, es una de las tierras que nos tiene acostumbrado a la presencia de conflictos, querellas y asuntos delicados que incluso han quedado sin resolverse del todo. Y no sólo se trata de temas de crimen organizado o narcotráfico sino también de seguridad pública en el fuero común y hasta el conflicto con los “maestros” a principios de este año.
Sin embargo, una cosa queda patente en la respuesta de este tema que nos ocupa hoy, y que toma vigencia a partir de la creación de la gendarmería, y que hasta hace apenas unos meses parecía no quedar del todo claro para todos: la estrategia de la administración de Enrique Peña Nieto sí es diferente a la de Felipe Calderón.
Con la entrada de la gendarmería para tomar control de los procesos internos de seguridad así como la vigilancia del municipio de Iguala, queda patente un elemento diferenciador entre las más recientes administraciones, y es que no podemos olvidar que la Policía Federal en el sexenio pasado quedó atrapada entre las autoridades locales, el ejército y la lucha frontal contra el crimen, sin tener un papel determinante y mucho menos un rol de autoridad sobre la situación, cumpliendo más un rol de “canalizador” de los infractores de la ley, o hasta pieza de sacrificio.
En el principio, y en el papel, el balance de la situación es positivo, ya que las autoridades locales –en el mejor de los casos, increíblemente – habían pecado de incompetencia, en una de las anécdotas más vergonzosas de los últimos años en tema de seguridad en que irónicamente pidieron a los desesperados familiares de las víctimas que les “indicaran” las posibles rutas de escape de los criminales que se llevaron a sus familiares, o la muy desafortunada petición de pedir voluntarios para ir “casa por casa” a buscar tanto a víctimas como responsables.
Según palabras de Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, la gendarmería desarrollará labores tanto de investigación como de inteligencia, de la mano del ejército en operación conjunta. Este papel de la gendarmería es en definitiva muy distinto al de la anterior policía federal, pero aún falta dejar evidenciada su efectividad.
Para quienes al principio del sexenio, y hasta hace unos meses decían no había diferencia entre la estrategia anterior y la actual, las respuestas comienzan a darse; para quienes decían que en caso de haber una estrategia, ésta no tenía pies ni cabeza, parece que también empiezan las respuestas para ellos.
No es poca cosa lo que está pasando en Iguala, ni es un simple registro para el anecdotario: el cuerpo completo de elementos locales de seguridad de la localidad fue encuartelado en instalaciones militares para fines de entrenamiento y aplicación de exámenes de confianza, de ahí que sea la gendarmería quien haya asumido el rol que hasta ahora venía desempeñando la policía local, un caso inusitado en la historia moderna de nuestro país.
¿Qué pasará con los policías que no sean hallados confiables después de estos exámenes, o peor aún, los que sean comprobados de tener nexos de procedencia ilícita con grupos de la delincuencia como ya se ha señalado anteriormente?
Menudo momento el que tenemos por delante, no sólo en el tema que nos ocupa hoy, sino en el que está por venir.
¿Cuántos municipios, cuántas regiones, cuántos estados necesitan una intervención de esta clase?
La pregunta más grave y más incierta, a raíz de esto, ¿cuántos más lo necesitarán?
Twitter: @orsonjpg
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