¿Fue el Estado?

Los últimos días hemos visto un debate sobre si el Estado (con mayúscula) es responsable o no de la desaparición - y posible asesinato - de 43 normalistas. Las autoridades desde luego rechazan el concepto, pero es interesante que también varios analistas políticos lo hagan, como María Amparo Casar, utilizando el argumento que si bien los policías municipales parecen estar involucrados, no podemos hablar de Estado sino de estado. Y que la delincuencia organizada no forma parte del Estado.

Sin embargo, quisiera hacer algunas aclaraciones al respecto, sobre todo porque se están utilizando conceptos como desaparición forzada y violación de derechos humanos. Vamos por partes.

Agregar el calificativo forzada a una desaparición implica la participación de agentes del Estado, llámense policías, soldados, o políticos. La definición queda establecida en el tercer párrafo de la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. En el caso de los normalistas, sabemos que quienes se los llevaron eran policías. Si hablamos de desaparición forzada en este caso, queda claro que en efecto "fue el Estado". Que los hayan entregado a la delincuencia organizada no exime de responsabilidad a la institución que físicamente se llevó a los estudiantes.

La desaparición forzada, además, corresponde a una violación de derechos humanos, específicamente a la libertad personal, a la seguridad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y al no ser sometido a tortura. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Los policías se los llevaron, pero no sabemos si fueron ellos o el crimen organizado quien presuntamente los maltrató y los mató. Si no fue el Estado, ¿podemos hablar de violación de derechos humanos?

Sí, podemos. En materia de derechos humanos el Estado tiene tres obligaciones: respetar, proteger y garantizar. La obligación de respetar implica que ningún agente del Estado o servidor público cometa acciones que violen los derechos humanos (p.e. que no desaparezcan estudiantes). La obligación de proteger implica que el Estado debe investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos por particulares contra particulares. La obligación de garantizar se traduce en la adopción de leyes, reglamentos, presupuestos y programas que difundan y protejan los derechos humanos; la creación de la CNDH es un paso en este sentido. Evidentemente, si las autoridades incumplen con alguna de estas obligaciones, están incurriendo en una violación de derechos humanos.

Con estos argumentos podemos hablar que sí, el Estado mexicano es responsable de la desaparición y probable asesinato de los 43 normalistas (por no hablar de los miles de desaparecidos y de los cuerpos hallados en las fosas). ¿Por qué? Porque sus agentes se llevaron a los estudiantes; porque las autoridades no han llevado un proceso de justicia pronta y expedita; porque a pesar de la normatividad en la materia, no se supervisa y verifica su cumplimiento. En el caso de Ayotzinapa vemos claramente cómo el Estado no respetó, protegió ni garantizó los derechos de los estudiantes. El que los involucrados sean agentes municipales y no federales no le resta un ápice de responsabilidad, dado que el Estado es un todo integrado que incluye a los tres niveles y a los tres órdenes de gobierno.

A partir de esta conclusión podemos empezar a analizar las soluciones. Me parece acertado el acuerdo de colaboración técnica con la CIDH. Espero que el gobierno invite al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para que coadyuve a deslindar responsabilidades y a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en este caso. Trabajar en conjunto con los peritos extranjeros es otro paso positivo para revertir la situación. Falta ver cuestiones como la reparación del daño (sí, el dinero no es suficiente; quizá crear una Comisión de la Verdad), más reuniones no sólo con los padres de familia sino con la comunidad de la Escuela Normal, con los igualtecos, con los guerrerenses, con organizaciones de la sociedad civil.

Fue el Estado, sí, pero el Estado también es responsable de la solución, en términos inmediatos relacionados con la investigación judicial y el proceso penal, y en términos de largo plazo, dando garantías de no repetición. Por nuestra parte, los ciudadanos debemos vigilar, exigir y participar en los procesos.